2025 trae consigo una transformación significativa en los procesos de facturación en España con la implementación de VERIFACTU. Explicamos aquí todos los pormenores.
El Tribunal Supremo ha afirmado que la Administración tributaria no puede perseguir penalmente deudas fiscales prescritas, aun cuando el delito fiscal tenga un plazo de prescripción superior al de la deuda tributaria (cinco años).
¿Desde cuándo empieza a computar el plazo para notificar nueva liquidación tras una orden de retroacción de actuaciones?
El Supremo responde a esta pregunta en la Sentencia que analizamos en este artículo.
En esta Sentencia el Supremo fija jurisprudencia señalando que debe valorarse cualquier medio de prueba admitido en Derecho a efectos de la acreditación de una discapacidad, no limitándose únicamente a los certificados emitidos por las autoridades
La sentencia analizada fija como doctrina que el plazo de cuatro años de prescripción del derecho de la Administración para liquidar, se ha de computar de fecha a fecha con independencia de que el último día de dicho plazo sea hábil o inhábil.
El Tribunal Supremo ha dictaminado que la Administración tributaria no puede examinar la documentación contenida en un dispositivo electrónico fuera de determinados casos y bajo estricto control judicial.
La cuestión de interés casacional es determinar si la suspensión automática de las sanciones ha de aplicarse a las sanciones que constituyan el objeto de una derivación de responsabilidad derivada del artículo art. 42.2 LGT.
El sistema de notificaciones tributarias, plasmado en la LGT, resulta principalmente beneficiosa para la Administración, orientado a crear las condiciones para una rápida ejecución de los actos administrativos.
El Tribunal Supremo, cumpliendo su función uniformadora, da respuesta nuevamente a esta cuestión a fin de reafirmar, reforzar o preservar su jurisprudencia sobre este tema de gran aplicación práctica.
La Sentencia del Supremo objeto de análisis en este artículo establece doctrina jurisprudencial sobre la suspensión automática de la ejecución de las sanciones derivadas en caso de impugnación.
En esta sentencia el Tribunal Supremo sienta doctrina sobre la naturaleza y fuerza probatoria que poseen los informes y dictámenes elaborados por expertos de la Administración en comparación por otros aportados de parte.
Se comenta una sentencia del Supremo que se pronuncia sobre el requisito de notificar la declaración del fallido del deudor principal para derivar la responsabilidad a un responsable subsidiario.
La Administración no puede dictar providencia de apremio cuando pende ante ella un recurso o impugnación administrativa sin antes resolverlo de forma expresa.
Se analizan en este artículo las consecuencias derivadas de una nueva solicitud de aplazamiento y fraccionamiento de deuda tributaria tras recibir una primera denegación a raíz de la jurisprudencia señala por el Supremo en sentencia de 28 de octubre
¿Es posible impugnar una resolución estimatoria que acuerda anular el acto impugnado y la retroacción de actuaciones? ¿Puede el TEAR ordenar la retroacción de actuaciones tras decretar la anulación del acto impugnado?
Hacienda no puede realizar liquidaciones ni sancionar con base a pruebas obtenidas de terceros, cuando tales pruebas fueran consideradas nulas o hayan sido obtenidas vulnerando derechos fundamentales.
El pago en efectivo es una práctica que a nivel tributario siempre se ha tratado de limitar a través de diferentes normativas reguladoras dado el riesgo de elusión fiscal y blanqueo de capital.
Análisis de un supuesto en el que la presentación extemporánea del modelo 720 (declaración de bienes en el extranjero) acarrea la regularización de ganancias patrimoniales no justificadas, considerando la Administración que el inicio del plazo de
La sentencia analizada da respuesta a la posibilidad de declarar responsable solidario en relación con las deudas tributarias de otro obligado tributario cuya obligación se derive del hecho de haber sido declarado responsable subsidiario.