Señala el Tribunal Constitucional en diversas sentencias, que lo principios esenciales recogidos en el artículo 24 de la Constitución en materia de procedimientos han de ser aplicados en todo caso a la actividad sancionadora de la Administración, en la medida necesaria para preservar los valores esenciales que se recogen en el mencionado artículo 24, así como la seguridad jurídica recogida en el artículo 9 de la propia Constitución.

La regulación del procedimiento sancionador en materia tributaria se recoge en los artículos 207 a 212 de la Ley General Tributaria 58/2003, así como en los artículo 20 a 30 del Real Decreto 2063/2004, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General del Régimen Sancionador Tributario. Asimismo y tal y como establece expresamente el propio artículo 207 b) de

la LGT se aplicarán supletoriamente las normas reguladoras del procedimiento sancionador en materia tributaria.