Las marcas de coches que componen todas estas sociedades son:

La resolución sancionadora CNMC fue impugnada por los distintos agentes intervinientes ante la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional, la cual vino desestimando de manera sistemática cuantos recursos fueron interpuestos, declarando probados los hechos sancionados y confirmando en consecuencia las sanciones impuestas.

Frente a las Sentencias dictadas por la AN se han venido formulando los correspondientes recursos de casación ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo, órgano que viene declarando no haber lugar al recurso y en consecuencia confirmando las sanciones impuestas.

El objeto de la reclamación (en vía judicial) vendría determinado por el ejercicio de la acción declarativa y de resarcimiento de daños y perjuicios indebidamente soportados contra el concesionario en que se hubiera adquirido el vehículo (siempre que este hubiera participado en los hechos), en su condición de consumidor y usuario, apreciando la concurrencia de una práctica anticompetitiva, conforme a la resolución del a CNMC.

El importe de la reclamación vendrá determinado por el daño efectivamente probado, para lo que será preciso acompañar con la demanda informe pericial de cuantificación del impacto económico negativo provocado por el cártel de concesionarios que se trate y su aplicación al caso concreto (a modo de referencia se podría fijar en un importe medio del 10% del precio de venta), además de otra documental de interés, como por ejemplo, factura de compra, justificante de pago, etc.

En tales procedimientos será preceptiva la intervención de abogado y procurador, de ser por cuantía superior a 2.000€.

La escasa jurisprudencia existente en la actualidad en torno a la materia objeto del presente, aconsejan la debida cautela, a fin de apreciar la evolución doctrinal de los pronunciamientos judiciales al respecto.

Quisiera llamar la atención sobre una cuestión especialmente controvertida, que genera serias dudas de derecho y que indudablemente será objeto de litigio, como es la relativa a la prescripción del ejercicio de la acción.

En síntesis, conforme a la LDC, el plazo para el ejercicio de las acciones de daños sufridos como consecuencia de las infracciones del derecho de la competencia prescribirá a los cinco años, comenzando el cómputo del plazo en el momento en el que hubiera cesado la infracción. Por su parte, dispone el CC, respecto a la responsabilidad extracontractual, que el plazo para su reclamación es de un año.

Resulte de aplicación uno u otro, será determinante para la prosperabilidad de la acción pretendida la fijación del “dies a quo”, es decir, la fecha de inicio del cómputo del plazo para su ejercicio.

En este sentido, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, se ha pronunciado en distintas ocasiones sobre la prescripción en relación al ejercicio de acciones de daños derivadas de ilícitos anticompetitivos, en base a una interpretación restrictiva de la misma, preservando el derecho del perjudicado al pleno resarcimiento en circunstancias en que no ha podido conocer el alcance del daño, y que lo haya sido por circunstancias no imputables a su persona, o su comportamiento, interpretando la expresión "desde que lo supo el agraviado" con el criterio general que el perjudicado ha de tener un conocimiento cabal, información suficiente, del perjuicio sufrido para formular la correspondiente reclamación de indemnización de daños y perjuicios.

Ahora bien, existen dudas sobre como van a interpretar los Juzgados el momento concreto en que se pude considerar que el perjudicado ha tenido ese conocimiento cabal, es decir, sobre la fijación de dicho “dies a quo” ya que las partes en litigio defenderán momentos dispares atendiendo a sus intereses, como por ejemplo: fecha de finalización de la infracción en 2013; fecha de resolución sancionadora CNMC en 2015; fecha de repercusión en medios de dicha resolución 2.015/2.016; fecha de resolución de AN en 2.019 y/o de repercusión en medios de la misma; fecha de resolución del TS 2.021; o cualquier otra.

Sea como fuere resulta recomendable en todo caso formular reclamación de daños y perjuicios en vía extrajudicial, mediante notificación fehaciente al objeto de que en caso de no resultar debidamente atendida, la misiva sirva para tratar de interrumpir la prescripción y preservar el ejercicio de acciones futuras.

En definitiva resulta imprescindible para poder estar en disposición de reclamar, poder acreditar la compra del vehículo, fecha y modelo, y su importe. De lo contrario la reclamación no es viable.

A partir de ahí, un perito tasador profesional podrá analizar el caso y la documentación disponible para obtener una estimación de la indemnización a reclamar en base al perjuicio que estime sufrido en cada caso. Esto es, el sobrecoste sufrido en la compra o uso de los servicios postventa como consecuencia de las prácticas ilegales llevadas a cabo por el cártel. Dicha tasación debe llevarse a cabo por un perito judicial profesional.

Este informe pericial constituye una prueba esencial para el procedimiento de reclamación sin el cual no resulta conveniente iniciar actuaciones de reclamación al respecto cuanto menos en vía judicial.

Plazo disponible: como señalamos en el presente artículo (3.- Cuestión jurídica controvertida), al cual nos remitimos, es una cuestión no del todo clara y sujeta a interpretación y controversia. Por tanto, en caso de considerarse afectado, conviene actuar cuanto antes.