Como ha clarificado la Abogacía del Estado en su comunicación laboral 67/2016, tras la entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas diversas dudas se han planteado en relación con la supresión por la misma de las reclamaciones previas al ejercicio de las acciones civiles y laborales", anteriormente reguladas en el Título VIII (arts. 120 a 126) de la hoy derogada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En concreto, la Disposición Final Tercera de la Ley 39/2015 ha modificado, con efectos 2 de octubre de 2016, los artículos 64, 69, 70, 72, 73, 85, 103 y 117 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, generando dicha redacción una serie de dudas de interpretación que ahora resuelve el Departamento Social de la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado. 

En concreto, deben destacarse las siguientes: 

Si, la reclamación previa ha quedado suprimida como requisito para demandar desde el pasado 2 de octubre, con solo dos excepciones:

Y es que, con claridad y rotundidad, la Exposición de Motivos de la Ley 39/2015 afirma que:

“De acuerdo con la voluntad de suprimir trámites que, lejos de constituir una ventaja para los administrados, suponían una carga que dificultaba el ejercicio de sus derechos, la Ley no contempla ya las reclamaciones previas en vía civil y laboral debido a la escasa utilidad práctica que han demostrado hasta la fecha y que, de este modo, quedan suprimidas”

De este modo la Ley 39/2015 no contiene regulación alguna de dichas reclamaciones previas (no hay preceptos análogos a los arts. 120 a 126 de la hoy derogada Ley 30/1992, de 26 de noviembre), al tiempo que ha suprimido expresamente en su Disposición Final Tercera las referencias a las mismas que se contenían en los artículos 64, 69, 70, 72, 73 y 103 de la Ley 36/2011.

No. Se trata de cosas muy diferentes. El agotamiento de la vía administrativa exigido por el art 69 Ley 36/2011 sólo es aplicable a la impugnación de “actos administrativos”, esencialmente los contemplados en las letras n) y s) del art.2 Ley 36/2011, a través del procedimiento especial previsto en el artículo 151 de la misma. Y es que sólo son impugnables ante la jurisdicción social los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa (como los distados por la autoridad laboral en materia de despidos colectivos, o las impugnaciones de otros actos de las Administraciones públicas sujetos al Derecho Administrativo dictados en el ejercicio de sus potestades y funciones en materia laboral y sindical o en el ejercicio de sus potestades y funciones en materia de Seguridad Social).

Cabe recordar a estos efectos la definición clásica de Zanobini, quien conceptúa el acto administrativo como “cualquier declaración de voluntad, de deseo, de conocimiento o de juicio realizada por un órgano de la Administración pública en el ejercicio de una potestad administrativa”.

Sin embargo las demandas que hasta el pasado 2 de octubre exigían como requisito la reclamación previa eran las fundadas en derecho laboral, es decir, aquéllas en las que Administración había actuado como empleador, desprovista de toda potestad administrativa.

Sobre esta cuestión -actos de la Administraciones Publicas no sujetos a Derecho Administrativo sino a Derecho Privado, en particular, a Derecho Laboral- resulta interesante traer a colación por su claridad la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Social, Sección 1a), de fecha 8 octubre 2009 (RJ\2010\1132), cuyo FD CUARTO se pronuncia en los siguientes términos:

“(…) los actos de la Administración cuando ésta actúa como empresario no están sujetos al derecho administrativo, sino al derecho laboral, como los de cualquier otro empresario- Al no estar sujetos al derecho administrativo, es claro que no le son de aplicación las previsiones que para la revisión de los actos administrativos en sentido estricto establece el Título VII de la Ley 30/1992, y más concretamente, su art. 103 sobre declaración de lesividad de los actos anulables. La Administración, cuando actúa como empresario laboral puede, como cualquier otro, modificar sus decisiones por sí mismo, sin perjuicio de su posterior control judicial. Y el trabajador con relación laboral a su servicio, tampoco está obligado a agotar los recursos que los arts. 107 v siguientes de la Ley 30/1992 prevén para la revisión de los actos administrativos sujetos al derecho administrativo. La propia Ley en el art. 125 de su Título VIH establece una vía más rápida y sencilla como es la simple reclamación previa, para que el trabajador que esté en desacuerdo con la decisión de su empresario, pueda obtener en vía judicial el reconocimiento del derecho que éste le niega (...)”

No. A pesar de la revalorización social que en los últimos años ha mediación, la intención de la reforma no es sustituir un trámite por otro, sino de agilizar la tramitación de los procesos sociales. Aunque la redacción dada al artículo 64.1 de la Ley 36/2011 por la Disposición Final Tercera de la Ley 39/2015 pueda generar alguna duda al respecto, un criterio de interpretación teleológico aboga por entender que no es necesario dicho intento de conciliación o, en su caso, de mediación ante el servicio administrativo correspondiente.

En este sentido, si la finalidad del legislador al suprimir el requisito de la reclamación previa ha sido, en palabra de la Exposición de Motivos de la Ley 39/2015 ‘la voluntad de suprimir trámites que, lejos de constituir una ventaja para los administrados, suponían una carga que dificultaba el ejercicio de sus derechos”, carecería de todo sentido sustituir dicho trámite ("considerado "de escasa utilidad práctica” por la propia Exposición de Motivos de la Ley 39/2015) por otro trámite previo como el intento de conciliación o mediación ante el servicio administrativo correspondiente, máxime tomando en consideración los límites legales a la transacción, previstos en el caso del Estado en el artículo 7.3 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, según el cual:

"Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2 del artículo 10 de esta ley, no se podrá transigir judicial ni extrajudicialmente sobre los derechos de la Hacienda Pública estatal, ni someter a arbitraje las contiendas que se susciten respecto de los mismos, sino mediante real decreto acordado en Consejo de Ministros, previa audiencia del de Estado en pleno.

La poca utilidad práctica de la reclamación previa en los procesos laborales entablados con entes públicos ha motivado su supresión. Y es que en realidad estaba actuando como una forma de ralentizar el conocimiento del caso por parte de un órgano judicial, en perjuicio de los derechos del trabajador afectado a obtener una rápida solución a la controversia que planteaba. 

A la vista de las últimas modificaciones normativas, a partir del 2 de octubre de 2016, a excepción de las demandas en materia de prestaciones de Seguridad Social y las reclamaciones al Estado del pago de salarios de tramitación en juicios por despido en las que subsiste la obligación legal de plantear reclamación previa en vía administrativa, toda demanda frente al Estado, Comunidades Autónomas, entidades locales o entidades de Derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de los mismos, fundada en derecho laboral, deberá interponerse directamente ante los órganos de la jurisdicción social dentro de los plazos de prescripción o caducidad que en cada caso correspondan, sin necesidad de cumplimentar ningún requisito preprocesal.

Es muy importante tener en cuenta que a pesar de la reciente supresión del trámite de la reclamación previa, la conciliación previa (fase procesal exigida cuando el empleador no es un ente sujeto a derecho público) no ha sufrido modificaciones, a pesar de que en la práctica, también son muy escasas aquéllas que terminan en acuerdo evitando así el acto del juicio.